ECO - Un nuevo mínimo

Ayer la Compañía Minera Poderosa, ubicada a unos 300 km. de la ciudad de Trujillo, sufrió un ataque que según la Prefectura de La Libertad habría sido ejecutado por un grupo de sicarios contratados por la minería ilegal como represalias a los recurrentes operativos realizados por las autoridades contra las actividades ilícitas de extracción de oro. Los encargados de la seguridad trataron de repeler el ataque, generando una balacera, tras la cual los delincuentes detonaron explosivos en el socavón en el que habían retenido a los trabajadores que encontraron. El lamentable saldo de esta acción, sujeto a actualizaciones posteriores, es de 10 trabajadores fallecidos y 13 heridos.   

En lo que va del año (hasta setiembre), la Compañía Minera Poderosa es la segunda productora de oro del Perú (8,3% del total), ha invertido US$ 94 millones (de ellos, casi US$ 34 millones en exploración, US$ 27 millones en desarrollo y preparación y otros US$ 26 millones en infraestructura). Es la empresa aurífera más importante de la región La Libertad, aportando 25,5% del total producido en ella. Aproximando el valor de sus ventas por los precios de exportación, sus ingresos anualizados para este año bordearían los US$ 850 millones (el dato del 2022 es que fueron US$ 545 millones. Esto representó 40% de la producción minera y 5% del PBI total de la región La Libertad). Asimismo, generó empleo para 4.699 personas el año pasado, mientras que este año bordearía las 5.000 personas.

Pero estos datos hoy mismo son irrelevantes. O tal vez no. Ya habíamos visto en los últimos meses una fuerte escalada del crimen organizado, incluyendo amenazas y atentados contra pequeños y medianos empresarios en varios distritos a nivel nacional, especialmente en Lima. Pero ninguna alcanzaba a una empresa tan grande.

Hemos alcanzado un nuevo mínimo en lo concerniente a seguridad ciudadana, clima de inversión y, hay que decirlo, gobernabilidad. Ya en agosto, la empresa había hecho de conocimiento a la SMV que “la violencia extrema con la que actúan las organizaciones criminales de la minería ilegal y las bandas de delincuentes denominados ´´parqueros´´, sigue incrementándose de manera muy grave en el distrito de Pataz, La Libertad” y que venía siendo víctima de “actos terroristas tales como, la voladura (con material explosivo) de nueve torres de alta tensión (…); así como daños en la tubería de alta presión de nuestra central hidroeléctrica y en la tubería de agua potable de nuestros campamentos en Santa María” los cuales no solo generaban temor y zozobra para los trabajadores de la empresa y los habitantes de Pataz, sino que además para ese momento, por acción de estas organizaciones criminales, un trabajador de la empresa y seis personas de las empresas de seguridad habían perdido la vida. Así, conocido este escenario, el problema es que el ataque de ayer no ha sido del todo sorpresivo, sino que la delincuencia ha dado un paso más, incluso a pesar del Estado de Emergencia que cada 30 días viene prorrogando el gobierno en la zona, mediante el cual la Policía Nacional recibe el apoyo de las Fuerzas Armadas. Abierta esta puerta, no podemos descartar que ocurran episodios similares en otras unidades mineras que operen en zonas cercanas a las de influencia de la minería ilegal. Ahora mismo, nada impide que sigamos cayendo.

Espero equivocarme, pero desde mi punto de vista, el golpe para la confianza del inversionista, no del mediano o pequeño, sino del grande, es terrible. Ya de por sí es nocivo que ante la caída de la inversión privada el gobierno mantenga su pasiva estrategia inicial y no responda. Pero es significativamente peor que la seguridad ciudadana se siga deteriorando y queden prácticamente a su suerte las empresas que, pese a todo, siguen apostando por el país. Por varias razones, pero especialmente por el incremento de la criminalidad y la incapacidad para enfrentarla, este gobierno no da para más. Lo que me preocupa es que del que venga, cuando venga, digamos en su momento lo mismo.